LA ONG CELEBRA AVANCE HISTORICO EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nueva York, 24 de setiembre de 2009

“En el día de hoy se ha dado un paso decisivo hacia la justicia para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados”, ha dicho Muthoni Wanyeki, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, al iniciar 20 Estados en la sede de Naciones Unidas la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Muthoni Wanyeki, que ha representado a una Coalición de más de 300 ONG que han hecho la campaña mundial por el Protocolo Facultativo, ha estado en la jornada de firma y depósito de instrumentos de ratificación de los jefes de Estado en la sede de la ONU en Nueva York. “La Coalición celebra el significativo inicio hacia un apoyo universal para este histórico mecanismo: 33.794 personas y ONG de 111 países han firmado una petición global invitando a los Estados en situación de hacerlo que sean partes en el Protocolo Facultativo a través de la ratificación.” Estas personas y ONG han pedido a los Estados, además, la entrada en vigor del Protocolo Facultativo lo antes posible y su implementación sin demora.

"VIVIR SIN DERECHOS ES VIVIR CON ESCLAVITUD"

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso

CIDH Presenta Demandas SOBRE, méxico ante la Corte INTERAMERICANA

El 2 de agosto de 2009 la CIDH presentó una demanda en el Caso 12.579, Valentina Rosendo Cantú y otra, México. El caso se relaciona con la violación y tortura de la mujer indígena Me’phaa Valentina Rosendo Cantú, por parte de agentes del Ejército mexicano, el 16 de febrero de 2002 en el Estado de Guerrero; con la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; con la falta de debida diligencia en la investigación y la falta de sanción a los responsables de los hechos; con la falta de reparación adecuada a la víctima y sus familiares; y con las dificultades que enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.

Es urgente un cambio estructural dentro de la CNDH, sostiene Patricia Olamendi

Patricia Olamendi, quien se desempeñó como diputada federal en la LIV Legislatura y como subsecretaria para temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hasta 2004, se pronunció para que –en caso de lograr la nominación como la nueva ombudsman– incluirá las más de 700 recomendaciones internacionales que le han hecho al gobierno mexicano en materia de derechos fundamentales.

“Es urgente la aplicación de los diferentes documentos, por lo que buscaremos la colaboración con organismos internacionales y comités de tratados de Naciones Unidas”, manifestó.

Entre los tratados de urgente aplicación resaltan: las convenciones contra la desaparición forzada de personas; contra la tortura; sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; sobre los derechos de las personas con discapacidad; sobre los derechos de la niñez; para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños; sobre la libertad de expresión y seguridad de periodistas; y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.

Por último, propuso que en la CNDH debe haber una cobertura nacional permanente, mediante la creación de espacios de atención directa en estados, municipios y comunidades, que por su situación requieran de su presencia territorial.

Exige Jacinta a la PGR reconocer su inocencia

En conferencia de prensa, junto con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano AC, Jacinta lamentó que la PGR no reconozca su error: “por eso dicen que sí me dejó (en libertad), pero haz de cuenta que todavía soy siendo investigada.”

Por ello pidió a la procuraduría, a jueces y magistrados que “chequen bien los expedientes y que vean bien, porque a veces las pruebas eran a favor mío y todos agarraban en contra para que me sentenciaran a los 21 años (de prisión), y se darán cuenta de que no hubo ningún secuestro”.

Asimismo, pidió la libertad de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes continúan encarceladas por la misma causa que se le siguió a ella.

En “cada Cereso (Centro de Readaptación Social) –afirmó– hay un caso igual de mujeres encarceladas injustamente por miedo a hablar, por no entender su lengua natal, y eso es injusto”.

Consideró que la postura de la PGR es dolosa y que actúa por desconocimiento del principio de presunción de inocencia, pues deberían ser expertos en la materia por ser los encargados de procurar justicia; sin embargo, “creemos que esto es un poquito para generar confusión y distraer la atención del caso de Alberta y Teresa”, concluyó.

Liberan a mujer indígena encarcelada injustamente durante tres años por falsos cargos en México

El gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y sentencia de Jacinta a 21 años en prisión bajo cargos de secuestro”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“A Jacinta y a su familia se les han robado tres años de sus vidas mientras ella estaba en prisión por un delito que no cometió. Nada recuperará los tres años que perdió en prisión, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada.”
Jacinta, de 46 años, fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunciara que no formularía una acusación en contra de Jacinta.
Jacinta Francisco Marcial fue declarada culpable del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México.
Ellos declararon que Jacinta, junto con otros comerciantes con puestos en el mercado, los mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006.
El 3 de agosto de 2006, más de cuatro meses después de los sucesos, Jacinta fue arrestada y llevada a la Procuraduría General de la República. Le dijeron que iban a interrogarla en relación con la poda de un árbol. Sin embargo, tras llegar a la prisión se enteró de que la acusaban, junto a otras dos mujeres, de secuestrar a los agentes

CNDH

La CNDH consideró que en los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron perjudcado sus derechos mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público Federal y destacó que esto puede trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado 4 de Distrito en Querétaro.

En el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la CNDH considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
La Recomendación 47/2009 está dirigida al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, a quien se le solicitó que, por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro

Pues expresa la Comisión Nacional resulta inadmisible, por contraponerse a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que el agente del MP haya omitido ordenar o instruir a los agentes de la AFI que identificaran y ubicaran a las 15 personas que dicen recibieron el dinero que ellos les entregaron, para que también rindieran declaración o testimonio sobre los hechos, así como que los agentes que investigaron los hechos lo hicieron solamente con tres fotografías, correspondientes a cada una de las agraviadas, con las cuales se tomó la declaración de supuestos testigos que, según afirman los propios agentes, no quisieron proporcionar sus nombres y otros datos de su identidad.
Las Recomendaciones de esta Comisión Nacional no pretende, en modo alguno, desacreditar a las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como instrumento indispensable en las sociedades democráticas y en los Estados de derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren las autoridades y servidores públicos ante la sociedad, legitimidad que se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de la CNDH, la PGR cuenta con 15 días hábiles para informar sobre la aceptación de esta Recomendación y 15 días hábiles más para aportar las pruebas de cumplimiento. La falta de presentación de pruebas será indicativo de que la Recomendación no fue aceptada, por lo que esta Comisión Nacional quedará en libertad de hacer pública dicha circunstancia.

ONGs Internacionales
Amnistía Internacional
Derechos Human Rights
Human Rights Watch
Brigadas Internacionales de Paz
Organización Mundial Contra la Tortura
Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH
América Latina
Asociación Americana de Juristas
Casa Alianza
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
FEDEFAM
Sociedad Interamericana de Prensa
Europa
Equipo Nikzor
Instituto de Derechos Humanos de Nuremberg
Demos
Centro Cultural para el Desarrollo y Promoción de la Paz, los Derechos humanos y la Democracia, Sweeden
Latin American Solidarity Centre - Ireland
Norteamérica - North America
Coalition for Justice
Community Action on Latin America
EPICA - Ecumenical Program in Central America and the Caribbean
Inter-American Center for Human Rights - Florida
Latin American Working Group
Office of the Americas - Los Angeles based organization
Resource Center of The Americas
The Social Justice Committee - Montreal
SPAN/ - Strategic Pastoral Action
U.S. Committee for Refugees
Washington Office on Latin America
Witness for Peace

JACINTA INDIGENA OTOMÍ

Tal parece que el único pecado de Jacinta ha sido ser mujer e indígena; no puede ser que nuestro gobierno caiga en la idea que una mujer con las características de Jacinta haya podido secuestrar a seis hombres de la AFI, así haya contado con la ayuda de otras dos mujeres; es absurdo pensar esto ya que se supone que estos hombres cuentan con una preparación con la cual podrían contraatacar a un batallón de ser necesario, ¿como unas mujeres indígenas podrían al menos retenerlos?

Ahora vayamos con la mala dirección del gobierno mexicano, como se le ocurre “juzgar” a una persona que no habla español y hacerla firmar documentos que ella no entendía, vamos pues, Jacinta no sabe ni a que se refiere cuando se está hablando de secuestro, ¡pobre mujer! estar encerrada tres años en un “Centro de Readaptación”. No es justo que después de tres años de encierro liberen a hasta mujer diciendo que las pruebas no eran contundentes, siendo que esto era evidente desde un principio.

En el caso de estas tres mujeres indígenas las CNDH considera que fueron transgredidos sus derechos fundamentales tales como la legalidad, la seguridad jurídica entre otros. Esta comisión no se opone a la investigación y persecución de delitos siempre y cuando las autoridades que se encargue de esto sean competentes.
En verdad tendríamos que saber como se presentaron los acontecimientos en realidad, ya que existen varias versiones y esto no puede llevar a una mala interpretación del caso. Lo que es claro es que nuestro gobierno solo libero a Jacinta porque estaba sintiendo mucha presión por parte de la sociedad mexicana; pero el caso no termina aquí sino hasta que se liberen a las señoras Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, y se aclare como sucedieron las cosas.